La necesidad de impulsar tanto la sostenibilidad como la eficiencia energética, son premisas de primer orden a la hora de construir edificios de viviendas, y son también factores determinantes para la concesión de mayores facilidades en el pago de una hipoteca.

Se trata de una iniciativa, llevada a cabo por la Federación Hipotecaria Europea, que tiene por objeto la creación de un marco europeo en materia hipotecaria que tenga en cuenta el ahorro energético y vincule el tipo de interés con el grado de eficiencia energética de la vivienda. Así, las entidades financieras analizan las condiciones de financiación aplicables a inmuebles eficientes energéticamente, teniendo en cuenta el impacto de la sostenibilidad en el valor de un inmueble.

En España, la eficiencia energética de un inmueble se mide en una escala de siete letras que va de la A (calificación más eficiente) a la G (menos eficiente), donde el gasto en calefacción, agua caliente y aire acondicionado puede llegar a ser varias veces mayor al de una vivienda calificada con una A.

Desde que entró en vigor el RD 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, la calificación más común es la E, seguida de la G, lo que refleja un parque de viviendas nacional muy poco eficiente. Así, las viviendas de segunda mano suelen quedarse con las calificaciones D, E, F y G. Lo que implica que para un piso con una calificación G, la mayor reforma que se podrá acometer daría como máximo una etiqueta D, ya que, en caso contrario, necesitaríamos un rehabilitación a mayor escala, que implicaría a toda la Comunidad de Propietarios.

Para las viviendas más antiguas, que pretendan mejorar su calificación, existen algunas inversiones básicas que se pueden realizar como, por ejemplo, el cambio de ventanas simples por otras de doble capa de vidrio y rotura de puente térmico; o la sustitución de las calderas tradicionales, que necesitan consumir mucha energía por calderas de condensación de alto rendimiento.

El Código Técnico de Edificación (CTE), como marco regulatorio, establece una estricta normativa de eficiencia, seguridad y habitabilidad que debe de cumplir un edificio, que se traduce en que las viviendas nuevas tengan una calificación A, B o C, a diferencia de lo que ocurre con la vivienda usada, construida bajo un Código Técnico menos exigente en materia de eficiencia. La diferencia entre una y otra puede suponer puede suponer un incremento de su valor hasta un 12%.

El proceso de certificación energética de un inmueble (de carácter obligatorio para todos aquellos inmuebles que se vendan o alquilen) exige un complejo análisis para cumplir con los requerimientos normativos. Los informes técnicos de Certificación de Eficiencia Energética (CEE) no sólo determinan la clasificación del inmueble, mediante la asignación de una letra entre la A y la G en función de su eficiencia en el consumo de energía y el nivel de emisiones de CO2, sino que incluyen propuestas de mejora sobre características individuales del inmueble con vistas a reducir el consumo, evitar su obsolescencia energética y favorecer su puesta en valor.

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