Claves para regenerar el urbanismo en España

Que un plan urbanístico pase por los tribunales para comprobar su legalidad debería ser un proceso normalizado para cualquier proyecto de desarrollo. Sin embargo, se ha llegado a convertir en un estigma para el sector inmobiliario, por la cantidad de planes anulados por sus errores o defectos en su tramitación, casos de corrupción o por distintas interpretaciones de la ley. Promotores, políticos y magistrados piden normas más claras, una tramitación más corta y una respuesta de los tribunales más ágil.

Cuando el Plan General de Ordenación Urbana de cualquier localidad española pasa por los tribunales tiembla hasta el apuntador. En los años de plena expansión de la burbuja inmobiliaria se realizaron barbaridades urbanísticas que solo los tribunales han podido frenar de alguna manera.

Los problemas de planeamiento, concursos mal planteados, sobrecostes o licencias que no se ajustan a la realidad son solo algunos ejemplos de cómo las administraciones han errado en la tramitación de los planes de ordenamiento urbano. El Ayuntamiento de Madrid es solo un ejemplo de los líos urbanísticos en los que una localidad se encuentra inmerso.

“Las normas que regulan la ley de suelo no son unas normas lo suficientemente precisas como para evitar ni arbitrariedades ni errores”, afirma Juan José Perucho, director general del Grupo Ibosa y presidente de la Asociación de Gestoras de Viviendas (AGV). “Las actuales leyes son un caldo de cultivo para acabar en los tribunales”.

El sector afirma que algunas de las paralizaciones de planes urbanísticos son arbitrarias y que frenan el desarrollo del suelo, perjudican a promotores, construcciones y al usuario final, las familias que compran una vivienda. Es tal el trauma, que tanto en el sector inmobiliario como muchos políticos hablan de una judicialización del urbanismo.

“La tramitación de un plan urbanístico en cualquiera de nuestras ciudades, al final dura casi 20 años (…), con muchas dificultades y mucha inseguridad jurídica”, comenta José María García Gómez, director general de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

Uno de los últimos ejemplos de esta situación se ha visto cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó el pasado mayo el Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte por no haber contado con el preceptivo informe de impacto de género durante su tramitación.

“Uno de los grandes males que llevamos en los últimos tres años, sobre todo en Madrid, en la judicialización de todos los procesos urbanísticos. Nos llevan a un sinvivir”, subraya Perucho. “Dentro del régimen de cooperativas, tenemos al borde del infarto a multitud de cooperativistas que son familias. Cuando compran un suelo, nos encontramos cada dos por tres con paralizaciones y problemas judiciales”.

La legitimidad de que un tribunal compruebe la legalidad de un planeamiento urbanístico no se encuentra en la discusión sobre las mejoras que deben realizarse en la tramitación de un PGOU.

Pero por lo que si abogan promotores, políticos e incluso magistrados es por mejorar las leyes que regulan los planes urbanísticos, para que sean más claras y menos ambiguas. También recomiendan una reducción en el proceso de tramitación y porque la respuesta de los tribunales no se la alargue ‘sine die’ y se concrete en el menor tiempo posible.

“Los sistemas de planes generales tienen que reducirse en su tramitación, tiene que ser más corta y más ágil sin que se pierdan con ello ninguna de las garantías que están previstas”, plantea Rafael Fernández Valverde, magistrado del Tribunal Supremo. “Y, además que la respuesta de los tribunales a un plan general, con la envergadura que tiene, se dé en un máximo de un año”, concreta.

El magistrado de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo destaca además que “la mayoría de datos que se necesitan durante la tramitación de un planeamiento urbanístico ya está en manos de la propia administración”, lo que alarga sin sentido el procedimiento.

Pero además de la reducción durante la tramitación, el juez del Supremo ofrece una propuesta al trabajo de los tribunales. “Propongo que la respuesta que den los tribunales no sea de la una nulidad de pleno derecho, que eso implica que hay que volver a empezar desde el principio, sino simplemente lo que técnicamente se llama una anulabilidad, que permite que se convaliden determinadas partes del Plan y se subsanen las partes que han determinado la nulidad”.

Fuente: Idealista/news

2018-01-12T10:54:10+00:00 06 de septiembre de 2017|desarrollo inmobiliario, suelo inmobiliario|